Parásitos


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La contradicción entre lo público y lo privado en la sanidad.

Ángeles Maestro. Red Roja

La gran cantidad de muertes evitables de las últimas semanas ha permitido que muchas personas tomen conciencia – y esa es una de las pocas cosas que hay que agradecer a la actual epidemia – de las enormes carencias de la sanidad pública y de que éstas son el resultado de un largo proceso de desmantelamiento. Y es obvio que el mortífero virus no es responsable de ello.

El presidente del gobierno ha llegado a plantear una «Reforma Constitucional para blindar la sanidad pública» y para «tener un sistema de salud mucho más fuerte». Su propuesta evidencia el inexistente valor práctico de los derechos sociales (sanidad, vivienda, educación, trabajo, etc) reconocidos en la Constitución, más allá de haber servido de anzuelo a un pueblo incauto al que le hicieron creer durante la Transición que todo eso serviría para entrar en el paraíso del «estado del bienestar». Esas declaraciones no suponen más que un brindis al sol, dado que se necesita una mayoría de al menos de dos tercios del Parlamento para reformar la Constitución. Y es evidente que no va a contar con los votos, no sólo de la derecha, sino del propio PSOE, como veremos más adelante.

En el mismo sentido, algunos medios de comunicación están promoviendo una recogida de firmas llegando a proponer que la financiación mínima de la sanidad pública sea el 7% del PIB, garantizada por ley.

Más allá de las buenas intenciones que pueden guiar estas propuestas – aunque en el caso del presidente del gobierno no cabe alegar ignorancia – la realidad es mucho más compleja. En este trabajo pretendo aclarar que el incremento de la partida presupuestaria destinada a la sanidad no sirve para eliminar las causas fundamentales de la precariedad del sistema sanitario público.

Detrás de la sanidad se mueven poderosísimos intereses privados que, de hecho, estarían encantados con un aumento sustancial del gasto sanitario porque, al final, acabaría en sus bolsillos.

El prestigioso epidemiólogo Usama Bilal[1] afirma en una reciente entrevista[2] que las causas fundamentales de que el Covid – 19 esté golpeando en el Estado español más fuerte que en otros países no están en lo que hemos hecho en los últimos tiempos, sino en decisiones políticas que se vienen tomando desde hace treinta años. Él es uno de los muchos científicos españoles que tuvo que emigrar para desarrollar su profesión porque aquí la política científica obedece al principio «que inventen otros», más si cabe en una especialidad médica como la epidemiología centrada en descubrir las causas sociales de la enfermedad.

Efectivamente la degradación del sistema sanitario tiene una larga historia que no ha sido sólo fruto de la desidia de los gobiernos, sino muy al contrario, de decisiones políticas activas y trascendentales destinadas a debilitar la sanidad pública y cuya importancia se ha ocultado sistemáticamente.

Para poder comprender este proceso es importante aclarar algunos conceptos. La sanidad pública y la sanidad privada no son compartimentos estancos, y mucho menos complementarios. En realidad están tan íntimamente relacionadas que son un binomio inseparable. La relación entre ambas es muy semejante a la que se establece entre hospedador y parásito, clave – por cierto – en el estudio de las enfermedades infecciosas.

El parasitismo, recordando la biología, es un tipo de simbiosis en la cual el parásito depende del huésped y vive de él depauperándolo, sin llegar a matarlo. El parásito obtiene beneficios y el hospedador, daños.

Los ectoparásitos: las aseguradoras privadas y los conciertos.

La evidente analogía para cualquiera que analice el asunto con independencia de criterio, es decir, que no tenga intereses vinculados al capital privado, llegó a constituir un axioma, incluso para el PSOE de los últimos años del franquismo. En su programa político se afirmaba, por ejemplo, que era imposible desarrollar una sanidad pública de calidad sin nacionalizar la industria farmacéutica.

Pocos años después, en 1982, tras la victoria del PSOE por mayoría absoluta, esta afirmación se vería confirmada exactamente al revés. El dirigente más destacado del PSOE en materia de sanidad, Ciriaco de Vicente, un hombre capacitado y con planteamientos de izquierdas, no fue designado ministro como se esperaba. La poderosa industria farmacéutica le hizo saber a Felipe González que De Vicente no tenía su confianza. En su lugar fue nombrado Ministro de Sanidad Ernest Lluch, un hombre muy cercano a Farmaindustria, la asociación empresarial de la industria farmacéutica establecida en España.

En estas condiciones no es de extrañar que la Ley General de Sanidad eliminara artículos muy importantes, que sí aparecían en los primeros borradores, como el sometimiento del Medicamento a la planificación general del Sistema Nacional de Salud o la prohibición expresa de los conciertos con entidades privadas.

En la actualidad casi el 12% del gasto sanitario público estatal va destinado a conciertos, una proporción en constante crecimiento y mucho mayor en Comunidades Autónomas como Cataluña y Madrid.

El incremento exponencial de la contratación de la sanidad pública con empresas privadas se ha desarrollado en sentido contrario de la inversión y el desarrollo de los servicios públicos. Con el argumento de disminuir las listas de espera se ha concertado masivamente la realización de intervenciones quirúrgicas de mediana o baja complejidad, muy rentables, en clínicas privadas que en muchas ocasiones están muy por debajo de los estándares de calidad exigibles y a las que se permite seleccionar pacientes. Es evidente que para la sanidad pública quedan todas las intervenciones costosas y aquellas personas con patologías múltiples o de edad avanzada.

Las enormes listas de espera – sobre todo la espera para diagnóstico – como expresión de la degradación de la sanidad pública han producido otra consecuencia enormemente lucrativa: la escalada meteórica de las pólizas de seguros privados. Las cifras para 2019 eran las más altas de la historia: 10 millones de personas. El escándalo mayor es la gran cantidad de instituciones públicas que pagan, con dinero también público, pólizas privadas a sus miembros y familiares[3]. A ello ha contribuido notablemente la aplicación de importantes deducciones fiscales[4] aplicables a autónomos y empresas desde 2016 y vigentes en la actualidad. Es el zorro guardando las gallinas.

Volviendo al símil biológico las empresas aseguradoras privadas, cuya buena salud depende del deterioro de la sanidad pública con el apoyo impagable – o no – de decisiones de variopinto color político, serían ectoparásitos (como las garrapatas o los piojos). Estos ectoparásitos se desarrollan en el exterior del hospedador, la sanidad pública, al igual que las empresas que prestan servicios sanitarios con sus propias instalaciones y recursos, aunque ya hemos visto la importante quinta columna con la que cuentan en el interior en el caso que nos ocupa.

Y en sanidad no se trata fundamentalmente de que el dinero público, salido de nuestros bolsillos, vaya a enriquecer a unos cuantos, sino de que ese suculento negocio se hace a costa de vidas, de muertes prematuras y perfectamente evitables. Al respecto no se puede olvidar la dramática situación que se ha vivido en los hospitales públicos obligados a no atender pacientes mayores de 70 años por falta de recursos mientras la sanidad privada exhibía instalaciones de cuidados intensivos disponibles[5]… a precios de mercado. Ni el gobierno estatal, ni ningún gobierno autonómico ha movido un dedo para intervenir todos los recursos necesarios, a pesar de que el primer Decreto de Estado de Alarma preveía esta posibilidad.

Como buenos parásitos aprovechan la debilidad del oponente. En todos los medios de comunicación asistimos al escarnio de una intensificación de la publicidad de aseguradoras (Sanitas, Adeslas, DKV, etc) que ofrecen atender a personas enfermas mayores de las clases sociales que pueden permitirse ese gasto.

Los endoparásitos: gestión privada con financiación pública.

La historia de los endoparásitos, de la penetración del capital privado en la sanidad pública es más compleja. Es una guerra de trincheras. Es la consecuencia de la crisis general del capitalismo que ve caer sus beneficios en sectores productivos y se refugia en el paraíso dorado de los servicios públicos.

El camino de la privatización se inicia en la década de los 90, con la eufemísticamente llamada externalización de partes esenciales de un hospital como son los servicios de limpieza, lavandería, cocinas o seguridad, y no ha cesado de ampliarse a laboratorios, radiodiagnóstico, celadores, etc.

El pistoletazo para la entrada masiva de capital privado en la sanidad lo dio la aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley 15/97 de nuevas formas de gestión, que contó con los votos del PP (gobernando en minoría) el PSOE, PNV, CiU y Coalición Canaria. ¿Puede imaginarse mayor consenso político? Pues aún hubo más. Al día siguiente de la votación la Federación de Sanidad de CC.OO. mostró su satisfacción por tan amplio acuerdo en torno a una Ley clave para «modernizar» la sanidad pública.

¿Puede soñar el capital algo mejor que contar con financiación pública, tener la clientela asegurada, poder imponer condiciones de precariedad laboral, supeditar los recursos ofertados a la obtención de beneficios y seleccionar pacientes rentables?

A ese escandaloso privilegio, que suponía multiplicar por seis en el periodo de concesión la inversión realizada[6], se apuntaron las empresas constructoras en ruina tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la gran mayoría vinculadas a la trama Gurtel[7], multinacionales de la sanidad privada y fondos de capital-riesgo[8].

Los datos acumulados que expongo a continuación explican el horror vivido en los hospitales durante esta epidemia. En la sanidad pública madrileña, desde 2008 se viene produciendo una brutal disminución de personal, acelerada con la creación de los once nuevos hospitales de gestión privada y financiación pública. Se han perdido más de 7.000 trabajadoras y trabajadores, de ellos 3.000 sanitarios con licenciatura o diplomatura[9], y permanecen cerradas cerca de 3.000 camas.

El análisis de este proceso, complejo, pero que es indispensable conocer, desborda los objetivos de este artículo y ya ha sido realizado[10], aunque este riguroso análisis no haya trascendido a los grandes medios de comunicación. Este silencio no sorprende si se tiene en cuenta que esta información desenmascara intereses políticos y empresariales que, a su vez, contribuyen decisivamente a la financiación de esas mismas empresas de comunicación.

La industria farmacéutica: parasitismo absoluto

Puede decirse sin temor a exagerar que la industria farmacéutica tiene en sus manos las riendas fundamentales de la política sanitaria. En este caso su funcionamiento sería más parecido al de un virus: penetra en la célula, modifica su funcionamiento y depende de ella para su multiplicación. Es lo que se conoce en biología como parasitismo absoluto.

La industria farmacéutica no sólo controla la cuarta parte del gasto sanitario público total, cerca de 25.000 millones de euros, sino que tiene una influencia decisiva en la formación del personal sanitario, dirige la totalidad de la investigación (se investiga y se fabrica lo rentable[11], no lo eficaz), y en la práctica controla la prescripción de medicamentos. Hay un indicio que ayuda a explicar este escándalo cotidiano: muchos altos cargos del sistema sanitario, del más variopinto color político, proceden de multinacionales del medicamento o pasan a ser reclutados por éstas[12].

El asunto central no es que el gasto farmacéutico sea elevado, sino que se calcula que el 50% de los medicamentos prescritos no son necesarios[13] y además provocan multitud de efectos indeseables, entre ellos miles de muertes al año. El hecho de que los fármacos más prescritos, con mucho, sean los ansiolíticos y antidepresivos da idea de hasta qué punto se está medicalizando el malestar social.

El caso más escandaloso ha sido el de los hemoderivados, para los que la OMS recomienda encarecidamente una industria pública estatal. La obtención de sangre por parte de las multinacionales farmacéuticas mediante pago en dinero o en beneficios penitenciarios a quienes la apaortan (sectores de la población con alta prevalencia de infecciones) ha sido responsable de la transmisión de infecciones tan graves como la Hepatitis B y C o el SIDA.

El negocio privado fuera de la sanidad pública.

Espero haber contribuido a aclarar que el asunto no se resuelve sólo con aumentar el presupuesto de la sanidad pública. El estado de salud de una persona enferma parasitada por una tenia no mejora aumentando la ingesta alimenticia.

Junto al incremento de recursos estrictamente públicos es imprescindible eliminar el negocio privado de la sanidad pública. Es radicalmente falso que la «complemente». El objetivo prioritario de la obtención creciente de beneficios, consustancial a la empresa privada, es estrictamente opuesto al de la sanidad pública: mejorar el estado de salud de toda la población. Y el capital privado para desarrollarse necesita socavar, debilitar y, en definitiva, subordinar el funcionamiento del sistema a sus intereses. Exactamente igual que los parásitos.

Para construir una sanidad pública potente no valen propuestas grandilocuentes como la Reforma de la Constitución, que por otro lado son imposibles dada la correlación de fuerzas política. El camino es relativamente más sencillo, si de verdad existiese voluntad política. En primer lugar, es necesario llevar a cabo un cambio normativo y desarrollarlo con todas sus consecuencias: derogar el artículo 90 de la Ley General de Sanidad, que permite los Conciertos con empresas privadas, y derogar por completo la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión. Ambas leyes, aunque son utilizadas ampliamente por el PP y las derechas nacionalistas, tienen el sello del PSOE.

Junto a ello, para empezar a enfrentar el mayor parásito de la sanidad pública, es preciso crear una industria farmacéutica pública que se ocupe de la investigación, fabricación y distribución de, al menos, los 433 medicamentos considerados esenciales por la OMS[14]. Y no sería imposible, tomando como base la experiencia del Centro Militar de Farmacia de la Defensa.

Negocio privado y sanidad pública son incompatibles. En estas semanas, y lo más duro está por llegar, estamos comprobando dolorosamente que el capitalismo no funciona. La vida es otra cosa.

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[1] Usama Bilal estudió medicina en la Universidad de Oviedo y obtuvo el Máster en Salud Pública en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid). Hizo su tesis doctoral en la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (EE.UU.) y recibió en 2018 el premio «Early independence» del National Institutes of Health.

[2] https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/29/usama_bilal_epidemiologo_turismo_masivo_nos_hace_muy_vulnerables_las_epidemias_105585_1012.html

[3] Entre ellos, los dos millones de personas incluidas en MUFACE (funcionarios), MUGEJU (jueces) e ISFAS (ejército y policía). Instituciones públicas como Consejo Consultivo de Canarias, las Juntas Generales de Álava, la antigua Comisión Nacional de la Energía, RTVE y el FROB, han tenido, o siguen teniendo para sus miembros y familiares seguros médicos privados pagados con dinero público. También la Asociación de la Prensa de Madrid, mantiene para sus afiliados este privilegio desde 1982. http://casmadrid.org/index.php/comunicados/381-asistencia-sanitaria-privada-con-fondos-publicos-privilegios-mantenidos-por-viejos-y-nuevos-partidos

[4] Para los autónomos y sus familias la deducción por póliza de seguro de salud es de 500 euros por persona y año. Las empresas desgravan el 100% del gasto abonado por seguros médicos a sus empleados a efectos de Impuesto de Sociedades, al ser considerado «gasto social». Para los trabajadores no se considera retribución la prima del seguro de salud pagado por la empresa y por lo tanto está exenta de tributación.

[5] https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/coronavirus-sanidad-privada-camas-uci-ocupadas-libres-9564

[6] http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/621-los-nuevos-hospitales-de-madrid-una-sangria-que-no-cesa

[7] http://www.casmadrid.org/index.php/noticias/348-2016-03-08-era-de-esperar-los-grandes-casos-de-corrupcion-politica-salpican-a-la-sanidad

[8] https://dempeusperlasalut.wordpress.com/2013/02/21/como-se-gesta-y-a-quien-beneficia-la-privatizacion-de-la-sanidad/

[9] http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=65&titulo=COMUNICADOS

[10] Maestro, A. (2013) Crisis capitalista y privatización de la sanidad. Editorial Cisma. Disponible en: http://www.cismaeditorial.es/

[11] Con frecuencia se dan situaciones de desabastecimiento de fmedicamentos necesarios pero poco rentables que la industria farmaceútica deja de fabricar. Recientemente ha saltado a los medios de comunicación la escasez de medicamentos útiles para el tratamiento de algunos casos de COVID-19, como la hidroxicloroquina o necesarios para la sedación, como los relajantes neuromusculares. http://espanol.arthritis.org/espanol/la-artritis/enfermedades-relacionadas/escasez-hidroxicloroquina/

[12] https://www.dsalud.com/reportaje/el-fenomeno-de-las-puertas-giratorias-en-el-campo-de-la-salud/

[13] Joan Ramón Laporte, catedrático de farmacología clínica es sin duda el mayor experto en política del medicamento y una de las escasísimas voces no sobornadas por la industria. https://www.elsaltodiario.com/industria-farmaceutica/joan-ramon-laporte-medicamento-covid19-10-euros-no-manos-privadas

[14] https://www.who.int/es/news-room/detail/27-02-2020-who-launch-e-eml


Parasites


La contradiction entre le public et le privé dans la santé

02/05/2020

 (Une analyse de Ángeles Maestro)

Le grand nombre de décès évitables de ces dernières semaines a fait prendre conscience à de nombreuses personnes - c'est l'une des rares choses que nous devons remercier l'épidémie actuelle - des énormes lacunes en matière de santé publique résultat d'un long processus de démantèlement. Et il est évident que le virus mortel n'en est pas responsable.

Le président du gouvernement espagnol vient de proposer une réforme constitutionnelle "pour protéger la santé publique" et "pour un système de santé beaucoup plus solide". Sa proposition montre l’inexistence de valeur pratique des droits sociaux (santé, logement, éducation, travail, etc.) déjà reconnus dans la Constitution, mais qu’ils n’ont servi que d'appât à un peuple peu méfiant à qui on a fait croire pendant la Transition que tout cela lui servirait à entrer dans le paradis de "l'Etat-providence". Telles déclarations ne sont rien d'autre qu'un geste inutile, car pour réformer la Constitution il est nécessaire compter sur une majorité d'au moins deux tiers du Parlement. Et il est clair qu'il n'aura pas cet appui, non seulement de la droite, mais aussi du PSOE lui-même, comme nous le verrons ci-dessous.

Dans ce même sens, certains medias promeuvent une collecte de signatures en proposant même que le financement minime de la santé publique soit de 7 % du PIB garanti par la loi.

Au-delà des bonnes intentions qui peuvent guider ces propositions – et le président pour sa part ne peut pas l’ignorer – la réalité est beaucoup plus complexe. Dans cet article je prétends démontrer que l’augmentation de la ligne budgétaire destinée à la santé publique ne sert pas à éliminer las causes fondamentales de la précarité du système de santé publique. 

Derrière de la santé il y a des intérêts privés très puissants qui se réjouiraient du fait d'une augmentation substantielle des dépenses car, au bout du compte, cela finira dans leurs poches.

Le prestigieux épidémiologiste Usama Bilal [1] affirme dans une récente interview que les causes fondamentales qui font que le Covid-19 frappe l'État espagnol plus durement que dans d'autres pays, ne sont pas dans ce qu’on a fait ces derniers temps, mais dans les décisions politiques qui ont été prises depuis trente ans.  Lui même est l'un des nombreux scientifiques espagnols qui ont dû émigrer pour exercer ailleurs sa profession car chez nous la politique scientifique obéit au principe "laisser les autres inventer", et encore plus dans une spécialité médicale comme l'épidémiologie centrée sur la découverte des causes sociales de la maladie.

En effet, la dégradation du système de santé a une longue histoire fruit, non seulement de la négligence des gouvernements, mais, bien au contraire, des décisions politiques actives et ambitieuses visant à affaiblir la santé publique et dont l’importance a été systématiquement occultée. Pour comprendre ce processus, il est important de clarifier certains concepts. La santé publique et la santé privée ne sont pas des compartiments étanches, et encore moins complémentaires. En fait, elles sont si intimement liées qu’elles sont inséparables. La relation entre les deux est très semblable à celle qui s’établit entre hôte et parasite, clé - soit dit en passant - dans l’étude des maladies infectieuses.

Le parasitisme, rappelant la biologie, est une sorte de symbiose dans laquelle le parasite dépend de l’hôte et vit de lui en l’affaiblissant, sans pour autant le tuer. Le parasite fait des bénéfices et l’hôte, des dommages.

Ectoparasites : les compagnies d'assurance privées et les concerts.

L'analogie avec le parasitisme, évidente pour quiconque analyse la question de manière indépendante, c'est-à-dire qui n'ait pas d'intérêts liés au capital privé, est devenue un axiome, même pour le PSOE dans les dernières années du franquisme. Son programme politique indiquait, par exemple, qu'il était impossible de développer des soins de santé publique de qualité sans nationaliser l'industrie pharmaceutique.
Quelques années plus tard, en 1982, après la victoire du PSOE à la majorité absolue, cette déclaration sera confirmée mais exactement à l'inverse. Le dirigeant le plus éminent du PSOE en matière de santé, Ciriaco de Vicente, un homme capable avec une approche de gauche, n'a pas été nommé ministre comme prévu. La puissante industrie pharmaceutique a fait savoir à Felipe González que De Vicente n'avait pas leur confiance. À sa place, Ernest Lluch, un homme très proche de Farmaindustria, l'association commerciale de l'industrie pharmaceutique établie en Espagne, a été nommé ministre de la santé.

Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que la loi générale sur la santé ait éliminé des articles très importants, qui figuraient dans les premiers projets, tels que la soumission du médicament à la planification générale du système national de santé ou l'interdiction expresse des accords avec des entités privées.

Actuellement, près de 12 % des dépenses de santé publique de l'État sont consacrées aux concerts, une proportion en constante augmentation et beaucoup plus élevée dans les communautés autonomes comme la Catalogne et Madrid.

L'augmentation exponentielle des contrats de santé publique avec des entreprises privées s'est développée dans le sens inverse des investissements et du développement des services publics. Avec l'argument de la réduction des listes d'attente, on a assisté à une augmentation massive du nombre de procédures chirurgicales d'une complexité moyenne ou faible, très rentables, pratiquées dans des cliniques privées, qui sont souvent bien en deçà des normes de qualité requises et qui sont autorisées à sélectionner les patients.

Il est clair que toutes les interventions coûteuses et celles qui concernent des pathologies multiples ou des personnes âgées restent pour la santé publique.

Les énormes listes d’attente - surtout l’attente pour le diagnostic - comme expression de la dégradation de la santé publique ont produit une autre conséquence extrêmement lucrative : l’escalade météorique des polices d’assurance privées. Les chiffres pour 2019 étaient les plus élevés de l’histoire : 10 millions de personnes. Le plus grand scandale est le grand nombre d’institutions publiques qui paient, avec de l’argent public également, des polices privées à leurs membres et à leurs familles [3]. L’application d’importantes déductions fiscales [4] applicables aux indépendants et aux entreprises depuis 2016 et actuellement en vigueur a contribué de manière significative à cette évolution. C’est le renard qui garde les poules.

Pour en revenir à la comparaison biologique, les compagnies d'assurance privées, dont la bonne santé dépend de la détérioration de la santé publique avec l'appui inestimable - ou non - de décisions de diverses couleurs politiques, seraient des ectoparasites (comme les tiques ou les poux). Ces ectoparasites se développent en dehors de l'hôte, la santé publique, ainsi que les entreprises qui fournissent des services de santé avec leurs propres installations et ressources, bien que nous ayons déjà vu l'importante cinquième colonne qu'ils ont à l'intérieur dans ce cas.

Et en matière de santé, il ne s’agit pas fondamentalement que l’argent public, sorti de nos poches, va enrichir quelques-uns, mais que ce commerce succulent se fait au prix de vies, de morts prématurées et parfaitement évitables. À cet égard, nous ne pouvons pas oublier la situation dramatique qui a été vécue dans les hôpitaux publics contraints de ne pas soigner les patients de plus de 70 ans par manque de ressources alors que des établissements de soins privés étaient disponibles [5] ... aux prix du marché. Ni le gouvernement de l'État ni aucun gouvernement autonome n'a bougé le petit doigt pour intervenir avec tous les moyens nécessaires, même si le premier décret d'alarme de l'État prévoyait cette possibilité.
Comme de bons parasites, ils profitent de la faiblesse de l'adversaire. Dans tous les médias, nous assistons à la dérision d'une intensification de la publicité des compagnies d'assurance (Sanitas, Adeslas, DKV, etc.) qui proposent des soins aux personnes âgées malades appartenant à des classes sociales qui peuvent se le permettre.

Endoparasites : gestion privée avec financement public.

L’histoire des endoparasites, de la pénétration du capital privé dans la santé publique, est plus complexe. C’est une guerre de tranchées. C’est la conséquence de la crise générale du capitalisme qui voit ses profits chuter dans des secteurs productifs et se réfugie dans le paradis doré des services publics. La voie de la privatisation a commencé dans les années 1990, avec l'euphémisme de la externalisation; des parties essentielles d'un hôpital telles que le nettoyage, la blanchisserie, les cuisines ou les services de sécurité ont été 'externalisées', ce qui n'a pas cessé de s'étendre aux laboratoires, aux équipements radiographiques, aux aides-soignants, etc.

Le coup de pistolet pour l'entrée massive de capitaux privés dans les soins de santé a été donné par l'approbation par le Congrès des députés de la ‘Loi 15/97 de nouvelles formes de gestion’, qui avaient les votes du PP (au pouvoir en minorité) du PSOE, du PNV , CiU et Coalición Canaria. Peut-on s’imaginer un plus grand consensus politique? Eh bien, il y en avait encore plus. Le lendemain du vote, la Fédération de la santé du syndicat CC.OO. s'est déclaré satisfaite d'un accord aussi large sur une loi clé pour "moderniser" la santé publique.

Peut le capital rêver quelque chose de mieux que d’avoir un financement public, d’avoir la clientèle assurée, de pouvoir imposer des conditions de précarité de l’emploi, de subordonner les ressources offertes à des bénéfices et même de sélectionner les patients rentables?

À ce scandaleux privilège, qui signifiait multiplier par six dans la période de concession l’investissement réalisé [6], se sont inscrites les entreprises de construction en ruine après l’éclatement de la bulle immobilière, la grande majorité liées au complot Gurtel [7], multinationales de la santé privée et fonds de capital-risque[8].

Les données accumulées ci-après expliquent l’horreur vécue dans les hôpitaux pendant cette épidémie. Dans le secteur de la santé publique madrilène, on constate depuis 2008 une diminution brutale du personnel, accélérée par la création de onze nouveaux hôpitaux à gestion privée et à financement public. Plus de 7000 postes de travail ont été perdus, dont 3000 de 3000 professionnels de santé diplômés du supérieur [9], et près de 3000 lits supprimés.

L’analyse de ce processus, complexe mais qu’il faut bien connaître, dépasse les objectifs de cet article et a déjà été réalisée[10], bien que cette analyse rigoureuse n’a pas apparu dans les grands médias. Ce silence n’a rien de surprenant si l’on considère que cette information démasque des intérêts politiques et commerciaux qui, à leur tour, contribuent de manière décisive au financement de ces mêmes medias.


L'industrie pharmaceutique : parasitisme absolu

On peut affirmer sans risque d'exagération que l'industrie pharmaceutique tient les rênes de la politique de santé entre ses mains. Dans ce cas, son fonctionnement ressemblerait davantage à celui d'un virus : il pénètre dans la cellule, modifie son fonctionnement et dépend d'elle pour sa multiplication. C'est ce que l'on appelle en biologie le parasitisme absolu.

L'industrie pharmaceutique contrôle non seulement un quart des dépenses totales de la santé publique, soit près de 25 milliards d'euros, mais elle a aussi une influence décisive sur la formation du personnel de santé, dirige toute la recherche (ce qui est rentable est recherché et fabriqué [11], pas ce qui est efficace), et contrôle en pratique la prescription des médicaments. Un indice permet d'expliquer ce scandale quotidien : de nombreux cadres supérieurs du système de santé, de toutes les tendances politiques, sont issus ou recrutés par des multinationales du médicament [12].

La question centrale n’est pas que les dépenses pharmaceutiques soient élevées, mais que l’on estime que 50% des médicaments prescrits ne sont pas nécessaires [13] et provoquent en outre une multitude d’effets indésirables, dont des milliers de décès par an. Le fait que les médicaments les plus prescrits soient de loin les anxiolytiques et les antidépresseurs donne une idée de la mesure de l'ampleur de la médicalisation du malaise social.

Le cas le plus scandaleux a été celui des produits sanguins, pour lesquels l'OMS recommande fortement une industrie publique appartenant à l'État. La collecte de sang par les multinationales pharmaceutiques, par le versement d'argent ou d'indemnités de prison à ceux qui le fournissent (secteurs de la population à forte prévalence d'infections), a été responsable de la transmission de graves infections telles que l'hépatite B et C ou le SIDA.

Hors de la santé publique le secteur privé !

J’espère avoir contribué à préciser que la question ne se résout pas uniquement par une augmentation du budget de la santé publique. L’état de santé d’une personne malade parasitée par un ténia ne s’améliore pas en augmentant l’apport alimentaire.

Parallèlement à l'augmentation des ressources strictement publiques, il est essentiel d'éliminer les entreprises privées des soins de santé publics. Il est radicalement faux de dire qu'il la "complète". L'objectif prioritaire d'augmentation des profits, inhérent à l'entreprise privée, est strictement opposé à celui des soins de santé publics : améliorer l'état de santé de l'ensemble de la population. Et pour se développer, le capital privé doit miner, affaiblir et finalement subordonner le fonctionnement du système à ses intérêts. Exactement la même chose que les parasites.

Pour construire un système de santé publique puissant, les propositions grandiloquentes telles que la réforme de la Constitution, d'ailleurs impossibles à réaliser étant donné la corrélation des forces politiques, ne sont pas valables. La voie est relativement plus simple, s'il y avait vraiment une volonté politique. Tout d'abord, il est nécessaire de procéder à un changement normatif et de le développer avec toutes ses conséquences : abroger l'article 90 de la loi générale sur la santé, qui permet les concerts avec des entreprises privées, et abroger complètement la Loi 15/97 sur les nouvelles formes de gestion. Ces deux lois, bien que largement utilisées par le PP et la droite nationaliste, portent le sceau du PSOE.

Parallèlement à cela, pour commencer à faire face au plus grand parasite de la santé publique, il faut créer une industrie pharmaceutique publique qui s’occupe de la recherche, de la fabrication et de la distribution d’au moins 433 médicaments jugés essentiels par l’OMS[14]. Et ce ne serait pas impossible, sur la base de l’expérience du Centre Militaire de Pharmacie de la Défense.

Affaires privées et santé publique sont incompatibles. Ces dernières semaines, et le plus dur est à venir, nous constatons douloureusement que le capitalisme ne fonctionne pas. La vie c’est bien une autre chose.



 Ángeles Maestro. Red Roja
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[1] Usama Bilal a étudié la médecine à l'université d'Oviedo et a obtenu un master en santé publique à l'université d'Alcalá de Henares (Madrid). Il a fait sa thèse de doctorat à la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (EE.UU.) et a reçu en 2018 la «Early independence» del National Institutes of Health.
[2] https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/04/29/usama_bilal_epidemiologo_turismo_masivo_nos_hace_muy_vulnerables_las_epidemias_105585_1012.html
[3] Parmi eux, les deux millions de personnes incluses dans le MUFACE (fonctionnaires), le MUGEJU (juges) et l'ISFAS (armée et police). Des institutions publiques telles que le Conseil consultatif des Canaries, les Assemblées générales de l'Alava, l'ancienne Commission nationale de l'énergie, la RTVE et le FROB, ont eu ou continuent d'avoir une assurance médicale privée financée par des fonds publics pour leurs membres et leurs familles. L'Association de la presse de Madrid a également maintenu ce privilège pour ses membres depuis 1982. http://casmadrid.org/index.php/comunicados/381-asistencia-sanitaria-privada-con-fondos-publicos-privilegios-mantenidos-por-viejos-y-nuevos-partidos
[4] Pour les travailleurs indépendants et leur famille, la déduction par police d'assurance maladie est de 500 euros par personne et par an. Les entreprises déduisent 100 % du coût payé pour l'assurance maladie de leurs employés aux fins de l'impôt sur les sociétés, car il s'agit d'une "dépense sociale". Pour les salariés, la prime d'assurance maladie payée par l'entreprise n'est pas considérée comme une rémunération et est donc exonérée d'impôt.
[5] https://www.redaccionmedica.com/secciones/privada/coronavirus-sanidad-privada-camas-uci-ocupadas-libres-9564
[6] http://www.casmadrid.org/index.php/comunicados/621-los-nuevos-hospitales-de-madrid-una-sangria-que-no-cesa
[7] http://www.casmadrid.org/index.php/noticias/348-2016-03-08-era-de-esperar-los-grandes-casos-de-corrupcion-politica-salpican-a-la-sanidad
[8] https://dempeusperlasalut.wordpress.com/2013/02/21/como-se-gesta-y-a-quien-beneficia-la-privatizacion-de-la-sanidad/
[9] http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=65&titulo=COMUNICADOS
[10] Maestro, A. (2013) Crisis capitalista y privatización de la sanidad. Editorial Cisma. Disponible en: http://www.cismaeditorial.es/
[11] Il y a souvent des situations de pénurie de produits pharmaceutiques nécessaires mais non rentables que l'industrie pharmaceutique cesse de fabriquer. Récemment, la pénurie de médicaments utiles pour le traitement de certains cas de COVID-19, comme l'hydroxychloroquine, ou nécessaires à la sédation, comme les relaxants neuromusculaires, a fait un bond dans les médias.
http://espanol.arthritis.org/espanol/la-artritis/enfermedades-relacionadas/escasez-hidroxicloroquina/
[12] https://www.dsalud.com/reportaje/el-fenomeno-de-las-puertas-giratorias-en-el-campo-de-la-salud/
[13] Joan Ramón Laporte, professeur de pharmacologie clinique est sans aucun doute le plus grand expert en matière de politique des médicaments et l'une des très rares voix qui ne soient pas corrompues par l'industrie.
 https://www.elsaltodiario.com/industria-farmaceutica/joan-ramon-laporte-medicamento-covid19-10-euros-no-manos-privadas
[14] https://www.who.int/es/news-room/detail/27-02-2020-who-launch-e-eml.


Source : http://historica.redroja.net/autores/angeles-maestro/5578-parasitos


Traduction de Red Roja